La crisis política estalla y ya traspasó fronteras. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está en el ojo del huracán luego de que Estados Unidos le habría revocado la visa, en medio de una ofensiva del gobierno estadounidense contra políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con reportes internacionales, esta medida formaría parte de una campaña directa contra funcionarios sospechosos de tener nexos con el narcotráfico, lo que incluiría no solo cancelaciones de visa, sino posibles investigaciones formales en tribunales de Estados Unidos.
La situación no es menor. Versiones periodísticas señalan que Washington ha puesto bajo la lupa a diversos políticos mexicanos, y entre ellos aparece el nombre del mandatario sinaloense, en un contexto donde el propio gobierno estadounidense ha endurecido su postura contra quienes considere amenazas a su seguridad nacional.
El trasfondo es aún más alarmante: las autoridades estadounidenses estarían investigando posibles vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, en una estrategia que va más allá de lo diplomático y apunta directamente a estructuras de poder en México.
Sinaloa, uno de los bastiones históricos del narcotráfico, vuelve a colocarse en el centro del debate internacional, y la figura del gobernador Rocha queda inevitablemente marcada por estas sospechas.
Mientras tanto, la violencia en el estado no da tregua: ejecuciones, desapariciones y enfrentamientos siguen siendo parte del día a día, alimentando la percepción de que el crimen organizado mantiene una fuerte presencia en la región.
Ante un señalamiento de esta magnitud, surge una pregunta que incomoda:
¿por qué el Senado de la República no ha llamado a comparecer a Rubén Rocha Moya?
No se trata solo de una visa cancelada. Se trata de acusaciones internacionales que apuntan a posibles vínculos con el crimen organizado, en uno de los estados más golpeados por la violencia en México.
La falta de reacción del Senado ha generado críticas, pues muchos consideran que debería exigir explicaciones inmediatas tanto por este escándalo como por la creciente inseguridad en Sinaloa.
Este caso se da en medio de una tensión creciente entre México y Estados Unidos, donde incluso se ha señalado que Washington estaría impulsando acciones contra funcionarios mexicanos sospechosos de corrupción o vínculos criminales.
La presidenta de México ya ha exigido pruebas sobre estos señalamientos, pero el golpe mediático ya está hecho… y el nombre de Rocha Moya ya circula en el escenario internacional.
