Una nueva polémica sacude al gobierno estatal de Puebla luego de que trabajadores del área de movilidad denunciaran públicamente una presunta red de corrupción dentro de la dependencia encargada del transporte. En una carta abierta dirigida al gobernador, acusaron que se estarían cobrando hasta 50 mil pesos por otorgar plazas laborales dentro de la institución.
Según el documento difundido en redes, los supuestos cobros habrían sido exigidos a cerca de 250 elementos, además de cuotas diarias de entre 500 y 1,000 pesos por unidad, lo que podría representar ingresos millonarios semanales dentro de la estructura señalada.
Las acusaciones apuntan directamente contra mandos dentro de la Secretaría de Movilidad y Transporte, señalando una presunta red de extorsión, abusos de autoridad e irregularidades laborales que incluirían jornadas de hasta 18 horas de trabajo y designaciones de jefes sin experiencia en seguridad.
Ante el escándalo, la dependencia respondió que mantiene una política de “cero tolerancia a la corrupción” y pidió a quienes tengan pruebas presentar denuncias formales para iniciar investigaciones.
Sin embargo, la denuncia pública volvió a abrir un viejo debate: si dentro de las propias instituciones encargadas de regular el transporte existen señalamientos de corrupción y cobros ilegales, la confianza ciudadana en las autoridades vuelve a quedar seriamente golpeada.
