El Tren Maya vuelve a quedar en el banquillo judicial. Un juez federal otorgó la suspensión definitiva contra el Tramo 5 por los riesgos ambientales que durante años fueron minimizados, obligando ahora a la Profepa a vigilar una zona donde activistas denuncian daños a selva, cenotes y acuíferos.
La resolución revive el conflicto legal que ha perseguido al megaproyecto desde su arranque y deja al descubierto que las advertencias sobre el impacto ecológico no eran “fake news”, sino argumentos con sustento jurídico.
Aunque la medida no detiene automáticamente las obras, sí representa un golpe que evidencia que el proyecto avanzó entre señalamientos por posibles afectaciones a uno de los sistemas naturales más frágiles del país.
El tramo Cancún-Tulum atraviesa la Selva Maya, una región con ríos subterráneos y cavernas donde especialistas han advertido riesgos de colapso, contaminación del agua y fragmentación del hábitat de especies como el jaguar.
La orden judicial obliga a la autoridad ambiental a inspeccionar y proteger la zona bajo el principio de “ante la duda, primero la naturaleza”, lo que en los hechos reconoce que el daño podría ser irreversible si no se actúa de inmediato.
