La crisis de desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México ha alcanzado niveles alarmantes y se ha convertido en uno de los mayores retos humanitarios del país. Cada año miles de familiares, activistas y colectivos buscan en el olvido instituciones que deberían protegerlos, mientras que cifras oficiales y no oficiales muestran un país inundado de tumbas secretas y miles de personas desaparecidas sin respuesta.
A pesar de la magnitud del problema —que abarca decenas de miles de desaparecidos en estados como Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua—, el gobierno federal ha demostrado una preocupante falta de transparencia y acción efectiva para contrarrestar este flagelo. Las estadísticas oficiales sobre fosas clandestinas han dejado de publicarse regularmente, mientras grupos de búsqueda civil han sido los principales responsables de encontrar restos humanos en múltiples estados del país.
Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que la ausencia del Estado en brindar protección, coordinación y recursos adecuados no solo perpetúa la violencia, sino que revictimiza a las familias que luchan por encontrar a sus seres queridos.
Mientras tanto, colectivos como las “Madres Buscadoras” han asumido la labor de rastrear fosas clandestinas, exponiéndose a riesgos extremos sin el apoyo institucional que les corresponde.
La falta de resultados contundentes del gobierno federal en materia de justicia para las víctimas, atención a familiares y desarticulación de las redes que facilitan estas atrocidades exige un debate urgente sobre la responsabilidad del Estado, la impunidad y las políticas públicas que hasta ahora han fallado en frenar esta tragedia humana.
