La impunidad en Morena sigue siendo, para muchos, un sello distintivo.
Después de que el funcionario Garduño fuera procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, ahora sorprende que —lejos de ser sancionado o alejado del servicio público— se integra a las filas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un nuevo cargo.
El caso, que conmocionó por la enorme tragedia humana ocurrida durante su gestión en seguridad, ahora da un giro que críticos califican como “castigo leve convertido en premio político”. Mientras familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia y respuestas concretas, Garduño —acusado en su momento por fallas graves de responsabilidad institucional— recibe un puesto dentro de la estructura de la SEP.
Esto ha generado incredulidad y críticas aún más duras: para opositores y analistas, se trata de una muestra más de cómo, dentro de Morena, la falta de resultados o incluso la participación en tragedias no solo no detiene carreras políticas, sino que las mantiene e incluso las recompensa.
La decisión ha encendido debates en redes sociales, círculos académicos y foros de derechos humanos, donde se denuncia que la administración pública parece seguir la lógica de “más cargos, menos consecuencias”. Esto, advierten detractores, favorece un clima de impunidad estructural que termina por afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
