La polémica reforma electoral que impulsa el gobierno y Morena dio un nuevo paso que ha encendido las alertas sobre la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE): la Comisión Presidencial para la reforma electoral rechazó de tajo la propuesta del INE de vincular su presupuesto al Producto Interno Bruto (PIB), una fórmula que funcionarios del árbitro electoral consideran esencial para garantizar su autonomía financiera y evitar recortes discrecionales.
Nueve de los 11 consejeros presentaron 241 propuestas para fortalecer la reforma electoral, entre ellas que el presupuesto del INE quede atado al PIB y que así se eviten variaciones que afecten su operación y la calidad de la democracia. Sin embargo, la Comisión Presidencial —liderada por el gobierno— no solo desechó esa fórmula, sino que cuestionó el concepto de autonomía misma, sugiriendo que no debe convertirse en un privilegio por encima de la ley.
Pablo Gómez, presidente de la Comisión, fue contundente en rechazar el argumento presupuestal del INE y minimizar la necesidad de su autonomía plena, lo que para críticos representa una clara señal de intento de control político sobre el órgano electoral.
Integrantes del INE advirtieron que sin un presupuesto estable y adecuado, la institución corre el riesgo de perder capacidad técnica, operativa y de fiscalización, afectando así la confianza ciudadana en las elecciones. Además, señalaron que temas como paridad, representación proporcional y medidas contra la violencia política requieren recursos claros y no depender de decisiones discrecionales del gobierno.
Este choque abierto entre el INE y la Comisión Presidencial pone en evidencia la tensión central de la reforma: Morena busca ajustar las reglas del juego electoral y recortar la autonomía de los órganos que deben garantizar imparcialidad, lo que para analistas amenaza la equidad y la calidad del sistema democrático mexicano.
