Un nuevo escándalo rodea al polémico Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: apenas unos días antes de que se produjera el trágico descarrilamiento que dejó víctimas y daños severos, el gobierno federal reportó que había gastado 7 000 millones de pesos en supuestas “correcciones y mejoras” de la infraestructura ferroviaria.
Este gigantesco monto fue etiquetado como destinado a reforzar las vías, pero el terrible accidente derribó cualquier argumento de que esas inversiones funcionaron realmente, dejando en evidencia una falla monumental en la planeación, ejecución y supervisión de una obra emblemática impulsada por la administración actual.
Para críticos, este caso no es un accidente aislado: es el reflejo de un proyecto mal gestionado, donde se inflan cifras y presupuestos, se anuncian inversiones millonarias, pero la calidad y la seguridad quedan en segundo plano. Pagar 7 000 millones para que, pocos días después, ocurra un descarrilamiento fatal —con pérdidas humanas y materiales— suena más a despilfarro o corrupción que a una solución real.
Grupos opositores y analistas han señalado que estas cifras gigantescas sin resultados tangibles plantean serias dudas sobre la supervisión, la transparencia y la eficacia de la obra, así como sobre posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos.
Mientras tanto, las familias afectadas por el accidente exigen respuestas claras y responsabilidades, pues incluso tras invertir miles de millones en supuestas correcciones, ninguna autoridad logró evitar una tragedia anunciada
