La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de destapar un nuevo escándalo que demuestra el deterioro, negligencia y mal manejo del dinero público en el gobierno actual: encontró 825 millones de pesos sin aclarar en diversas instituciones de educación media superior del país, recursos que aparentemente no cuentan con respaldo documental o comprobación válida.
Esa enorme suma fue detectada en revisiones a universidades, bachilleratos y otros subsistemas educativos, donde los auditores no pudieron localizar documentación, actividades realizadas, contratos o comprobantes que demuestren que ese dinero fue utilizado de forma legítima.
La ASF señala que son cientos de millones sin aclarar, algo que alarmó incluso a autoridades y especialistas, pues se trata de recursos que debían destinarse a infraestructura, becas, capacitación y materiales educativos para jóvenes en formación.
Para opositores y críticos del gobierno, este hallazgo confirma que no solo hay opacidad en la asignación de fondos, sino que hay un patrón de uso indebido o mal justificado de recursos que terminan desapareciendo sin que nadie rinda cuentas.
Mientras tanto, estudiantes y docentes —quienes padecen la falta de apoyo real en sus planteles— ven cómo las autoridades presumen programas sociales y cifras de gasto, pero no pueden explicar ante la ASF el destino de 825 millones de pesos, una barbaridad en un sector que necesita inversión real y no huecos financieros
