Mientras las familias de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico siguen exigiendo justicia y respuestas claras, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por una postura que ha generado indignación: pedir que no recurran a abogados privados y que confíen en los canales oficiales del gobierno.
Lejos de ofrecer acompañamiento real o garantizar investigaciones independientes, el mensaje fue leído por los afectados como un intento por bajar el ruido, controlar el daño político y evitar que el caso escale. Para muchas familias, la instrucción suena más a advertencia que a apoyo: “no hagan olas”.
La oposición y colectivos de derechos humanos advierten que esta postura revictimiza, debilita el acceso a la justicia y busca desactivar cualquier presión pública, justo cuando crecen las dudas sobre responsabilidades, omisiones y fallas estructurales en una obra emblemática del gobierno
