Un hackeo masivo que habría afectado a datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de otras dependencias gubernamentales exhibió de forma brutal la vulnerabilidad de los sistemas del Estado mexicano y la incapacidad del gobierno para proteger información sensible de millones de ciudadanos. Este incidente ha encendido alarmas sobre cómo se guardan y resguardan los datos oficiales, dejando a la vista fallas que pueden facilitar fraude, extorsión y robo de identidad para millones de personas.
De acuerdo con un reporte preliminar, la filtración de datos comprometió información de al menos 100 mil contribuyentes registrados ante el SAT, incluyendo nombres, domicilios, teléfonos y números de seguridad social, y también habría alcanzado registros del IMSS y de dependencias estatales en Sonora, Querétaro y la Ciudad de México.
Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente si se trató de un “hackeo” directo a los sistemas o de una filtración interna, expertos en ciberseguridad han advertido que este tipo de incidentes demuestra que la protección de datos personales en México es deficiente, y que sin una respuesta efectiva, los mexicanos quedan expuestos a graves riesgos digitales.
Este nuevo episodio se suma a casos anteriores donde grandes volúmenes de información de derechohabientes del IMSS y otros registros críticos han terminado en foros clandestinos o en la llamada “deep web”, lo que evidencia que el problema de seguridad digital va mucho más allá de una sola dependencia estatal o federal.
La exposición de estos datos golpea no solo la confianza en las instituciones públicas, sino también la seguridad personal de millones de ciudadanos que confiaron su información al gobierno, y pone en relieve la urgente necesidad de reforzar la ciberseguridad y la protección de datos en México
