En medio de la polémica por el uso de recursos públicos en proyectos faraónicos, el gobierno federal ha dado un paso más hacia decisiones autoritaristas y de corte dictatorial al expropiar terrenos ejidales en Yucatán, Quintana Roo y Campeche para avanzar en las obras del Tren Maya, sin consentimiento real de los propietarios y bajo el argumento ambiguo de “utilidad pública”.
Los decretos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, ordenan la expropiación de doce parcelas ejidales que pertenecen a comunidades agrícolas y rurales de la Península de Yucatán, reclamadas por el Estado para obras ferroviarias y complementarias del proyecto.
Aunque la administración asegura que fue indemnizado conforme a la ley, el uso de la figura de la expropiación —que históricamente ha sido asociada con regímenes autoritarios que imponen la fuerza del Estado por encima de los derechos de propietarios— muestra una clara intención de imponer proyectos sin diálogo ni respeto por la tierra y las comunidades afectadas.
Críticos advierten que este tipo de acciones no solo perpetúan el modelo de desarrollo vertical y centralizado, sino que abren la puerta a más casos de despojo territorial justificado en decretos oficiales, aprovechando la maquinaria gubernamental para consolidar obras sin criterios de consenso ni respeto a la autonomía ejidal.
La medida se suma a otras expropiaciones realizadas para la misma obra en años recientes, dejando a comunidades enteras bajo la sombra de decisiones de arriba hacia abajo que para muchos representan una clara señal de que el poder político está dispuesto a pisotear derechos por encima de las necesidades de las personas
