Un nuevo escándalo de seguridad digital sacude a México: la aplicación Factura SAT Móvil —usada por millones de contribuyentes— fue supuestamente vulnerada por un hacker, que habría extraído más de 120 mil facturas electrónicas con datos fiscales, cuentas bancarias e incluso nóminas para ponerlos a la venta, según reportes de especialistas y evidencia técnica difundida en redes.
La autoridad tributaria —el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda— respondió con un comunicado diciendo que no existe evidencia de que la información se haya visto comprometida o que haya ocurrido un hackeo, y que sus sistemas son “robustos” y continuamente actualizados.
Sin embargo, varios expertos y periodistas señalan que esa respuesta oficial parece una cortina de humo. Según quienes analizaron la evidencia filtrada, los archivos contienen información sensible como RFC de emisores y receptores, direcciones fiscales, correos personales e incluso detalles financieros, lo que va más allá de lo que debería poder ofrecer una herramienta pública de verificación de facturas —y es la razón por la cual ya hay quienes dudan de la versión oficial.
Este episodio llega en un momento donde los sistemas públicos mexicanos han enfrentado diversas alertas de vulnerabilidades, y la reacción de la autoridad ha sido minimizar primero antes de transparentar. Para muchos ciudadanos y especialistas, lo que ocurre no sólo es un riesgo para la privacidad de los contribuyentes, sino también una señal de que la seguridad digital del Estado no está a la altura de las amenazas cibernéticas actuales, dejando expuestos datos vitales de personas y empresas.
