En medio de un entramado de colocaciones políticas y redes de poder, Ulises Lara López fue designado al frente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, uno de los puestos más altos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que lo coloca prácticamente como número dos de la institución.
Lo que llama poderosamente la atención es que este nombramiento no llega por experiencia profesional en el área penal, sino por relaciones políticas bien tejidas: Lara llegó a puestos clave tras ser vocero y colaborador cercano de Ernestina Godoy, a quien acompañó desde su salida de la Fiscalía de la Ciudad de México hasta su llegada a la FGR.
Incluso versiones periodísticas recuerdan que en el pasado registró su título de abogado apenas días antes de asumir un cargo importante, lo cual fue ampliamente criticado y señalaba cómo las posiciones se obtienen más por cercanía política que por mérito profesional.
Además, otro dato que no pasa desapercibido es su vínculo con figuras cercanas al poder del movimiento de Morena: fue ex pareja de la ministra Lenia Batres, y su nombre ha estado asociado a movimientos dentro de la justicia aprovechados por redes del mismo partido político.
Más allá de la legalidad de su nombramiento, la percepción que queda es clara: el poder se refrenda entre los mismos colaboradores de siempre, favoreciendo a amigos y operadores políticos antes que a perfiles técnicos o independientes. Este tipo de decisiones alimenta la idea de que en el gobierno actual los cargos públicos se reparten como fichas entre leales al proyecto político, mientras la población enfrenta crisis económicas y de inseguridad sin respuestas contundentes.
