Mientras el gobierno federal y voceros oficiales insisten en señalar a los agricultores como los supuestos acaparadores del agua, la evidencia demuestra una realidad mucho más grave: políticos y figuras públicas son quienes concentran enormes volúmenes de concesiones de agua autorizadas por el propio Estado.
Una revisión del Registro Público de Derechos de Agua encontró que al menos 31 figuras políticas, incluidos servidores públicos cercanos al poder, tienen títulos de concesión para millones de metros cúbicos de agua por año, lo que equivale a miles de albercas olímpicas de líquido que pueden usar a su discreción.
Entre los que más agua concentran están figuras que han estado muy cerca del círculo político nacional, lo que contradice directamente las acusaciones contra productores del campo. Para muchos agricultores, la indignación no es solo por el señalamiento injusto, sino porque la narrativa gubernamental desvía la atención de los verdaderos privilegiados del recurso.
Mientras la discusión sobre la Ley de Aguas Nacionales y los bloqueos se centra en supuestos abusos de productores, la realidad es que funcionarios públicos y políticos acumuladores de concesiones no han sido señalados con la misma dureza ni han enfrentado auditorías estrictas. Esto pone en evidencia que las acusaciones son, más que una defensa del agua, una estrategia política para atacar a sectores productivos que protestan contra medidas impopulares.
