La llamada “Ley Esposa” desató este 2025 una nueva fractura dentro de Morena, luego de que los congresos de Hidalgo y San Luis Potosí repudiaran la iniciativa impulsada por el gobierno federal y sectores cercanos a la Presidencia, argumentando que se trata de una maniobra política para controlar candidaturas y afianzar el poder interno.
Mientras Claudia Sheinbaum y sus aliados promueven la Ley Esposa como bandera contra el nepotismo y “política vieja”, los legisladores de esos estados reaccionan con firmeza: la rechazan, la modifican o la frenan, evidenciando que ni siquiera dentro de su propio movimiento hay consenso.
Lo que para unos es una supuesta “medida anticorrupción”, para otros —especialmente dentro del mismo partido en el poder— es una herramienta de control y exclusión política, diseñada para favorecer a ciertos liderazgos y castigar a quienes no están alineados con la línea oficial.
La resistencia de Hidalgo y San Luis Potosí no solo demuestra una fractura al interior de la 4T, sino que también pone en evidencia que muchos gobernadores y legisladores locales temen que la norma termine siendo usada para bloquear aspiraciones, candidaturas o relevos internos en la estructura del poder.
Mientras el gobierno federal insiste en que la Ley Esposa es una reforma necesaria, sus propios aliados territoriales la están desafiando, lo que señala una evidente crisis de unidad política en Morena… justo cuando la cohesión debería ser clave para enfrentar 2026.
