n un paso alarmante contra la transparencia y la rendición de cuentas, el estado de Sinaloa avanza hacia eliminar su Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), un organismo clave que protege el derecho de la ciudadanía a saber cómo se ejercen los recursos públicos y cómo se toman las decisiones gubernamentales.
La iniciativa, promovida por el gobierno local y respaldada por legisladores afines, representa un regreso a la opacidad y a la discrecionalidad en el manejo del erario, justo cuando la ciudadanía exige claridad por escándalos de corrupción, contratos cuestionados y uso indebido de recursos. En términos prácticos, el avance significa que el poder político podría decidir qué información se hace pública y cuál se oculta —sin organismo independiente que lo supervise.
Organizaciones civiles han advertido que esta maniobra no solo castiga el derecho a saber, sino que abre la puerta a un sistema donde la rendición de cuentas se convierte en palabra vacía. El mensaje es claro: cuando la transparencia estorba, hay quienes prefieren enterrar informes antes que enfrentarlos.
Sinaloa, un estado que ha visto crecer la violencia, la corrupción y los recursos sin fiscalización, da un paso más hacia el control político de la información. No es solo un recorte: es un intento de silenciar la verdad.
