Mientras el gobierno presume obras “estratégicas” como megaproyectos de gas y energía, las organizaciones civiles están tomando el camino legal para frenarlos: presentaron amparos contra Presidencia, SEMARNAT y ASEA con el objetivo de detener los gasoductos y terminales que, aseguran, ponen en riesgo ecosistemas, agua y comunidades enteras.
No es un litigio menor. Las ONG advierten que los proyectos aprobados sin consulta ni evaluación ambiental rigurosa podrían desencadenar daños irreversibles en territorios que ya sufren abandono institucional y violencia. Y la respuesta del gobierno ha sido… más defensiva que solucionadora, extendiendo permisos y allanar procesos sin atender los reclamos ciudadanos.
La batalla legal se ha vuelto la última frontera para quienes ya no confían en la institucionalidad: cuando las autoridades y alcaldes parecen formar el mismo bloque que impulsa los megaproyectos, a los ciudadanos solo les queda la vía judicial para detener decisiones que consideran contrarias al interés público y ecológico.
En otras palabras: si el gobierno gobernara de verdad para el pueblo y no para sus contratos y obras faraónicas, no se necesitarían amparos.
