El 13 de febrero de 2026, el Juez Séptimo de Distrito Luis Eduardo Rivas Martínez concedió un amparo y dejó libre a José Luis A.C., dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez. El hombre había sido detenido el 1 de julio de 2025, cuando las autoridades encontraron 386 cuerpos sin incinerar apilados en condiciones insalubres dentro del establecimiento. Algunos cadáveres llevaban años ahí. Entre ellos: tres niños y un óbito.
La razón por la que el juez lo soltó es la que más indigna: determinó que los hechos no constituyen un delito grave, sino faltas administrativas. Tener 386 cuerpos apilados y sin incinerar, cobrar servicios funerarios que nunca se realizaron, entregar cenizas falsas a las familias, todo eso es, según la resolución judicial del sistema de justicia del gobierno federal: una irregularidad administrativa. No un delito grave.
Las familias afectadas, que llevaban meses en el doloroso proceso de identificar a sus muertos, salieron a denunciar que el fallo es “una burla para la sociedad”. Exigen que la FGR atraiga el caso y que el gobierno federal intervenga directamente. Hasta enero de 2026 se habían identificado alrededor de 170 de los 386 cuerpos. Más de 200 familias siguen esperando saber dónde están los restos de sus seres queridos.
El juez que lo liberó trabaja en el sistema de justicia federal. El sistema que la 4T reformó. La transformación judicial en su máxima expresión
