El nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación ya viene manchado por la polémica: una investigación revela que una empresa ligada a Aureliano Hernández Palacios Cardel recibió contratos públicos… justo cuando él ya estaba dentro del organismo encargado de vigilar el uso del dinero público.
La empresa, fundada junto a su padre, obtuvo al menos 2.1 millones de pesos en contratos del Estado de México, incluyendo uno cuando el funcionario ya formaba parte de la ASF, es decir, fungiendo al mismo tiempo como auditor… y como contratista del gobierno.
Pero eso no es todo. Durante su paso por la ASF, su patrimonio pasó de aproximadamente 2.5 millones a más de 10 millones de pesos, levantando sospechas sobre un posible enriquecimiento acelerado dentro de una institución que debería combatir la corrupción.
Las dudas aumentan con señalamientos previos que lo acusan de realizar “auditorías a modo”, es decir, suavizar observaciones para evitar sanciones a gobiernos estatales, lo que alimenta la percepción de que la fiscalización en México podría estar lejos de ser imparcial.
A pesar de estos antecedentes, fue designado como titular de la ASF con el respaldo político necesario, dejando sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién vigila a los que se supone deben vigilar el dinero público?
