En un movimiento que levanta más sospechas que confianza, el partido en el poder, Morena, ahora busca reformar nada menos que a la Auditoría Superior de la Federación, el órgano encargado de vigilar el uso del dinero público. Sí, el mismo gobierno que prometió acabar con la corrupción, ahora quiere cambiar las reglas del árbitro que lo supervisa.
La propuesta, presentada bajo el discurso de “fortalecer la fiscalización”, llega justo cuando han salido a la luz múltiples irregularidades, sobrecostos y observaciones millonarias en proyectos emblemáticos del actual gobierno. Para muchos ciudadanos, esto no parece coincidencia, sino una estrategia preventiva.
El mensaje que se percibe es claro: cuando las auditorías incomodan, la solución no es corregir, sino reformar al auditor. La desconfianza crece porque, en lugar de garantizar autonomía total, Morena parece decidido a rediseñar el sistema de vigilancia desde el poder mismo.
Lo más alarmante es que esto ocurre mientras el país enfrenta crisis de seguridad, economía e inversión. Pero en lugar de resolver esos problemas, el gobierno está enfocado en mover las piezas institucionales a su favor.
Una vez más, el discurso de transparencia choca con la realidad política. Porque cuando el poder busca modificar al organismo que lo vigila, la pregunta no es si es legal… sino qué es lo que temen que se descubra.
